27 DE NOVIEMBRE

LA REPUBLICA

Por Stella Fuenmayor

Para quienes renuevan, el trámite estará habilitado desde el 2 de enero. El programa constituye uno de los pilares de apoyo económico para estudiantes de todo el país que ingresan o continúan estudios en la Udelar, UTEC o UTU.

El beneficio asciende a 13.152 pesos mensuales, equivalentes a dos BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones), otorgados durante ocho meses para nuevos becarios y diez meses para quienes renuevan, lo que significa entre 105.000 y 131.000 pesos anuales destinados a estudiantes mayoritariamente pertenecientes al primer y segundo quintil de ingresos.

El presidente del Fondo de Solidaridad, Dr. Soc. Gabriel Errandonea, detalló a Diario La R las proyecciones del organismo para el próximo año. “En el 2025 se entregaron 10.451 becas, es un incremento bastante importante en relación con el año anterior. (…) Estamos calculando que vamos a estar cerca o en el entorno de las 11.000 becas”.

Errandonea subrayó que el Fondo no se limita a entregar dinero, sino que trabaja activamente para sostener la trayectoria educativa de los becarios. “Además de interesarse por el acceso a la educación superior, le importa la permanencia y el egreso”. En ese sentido, explicó que el organismo despliega una red de acompañamiento que va más allá del apoyo económico mensual: “En términos generales, organizamos talleres, charlas, pero también el Fondo gestiona beneficios que puedan representar una ayuda para los estudiantes, por ejemplo, en educación no formal, a través de reducciones en las cuotas de algunos oferentes de cursos informáticos, cursos de idioma, etc.”, explicó.

Además, detalló que existen “ayudas o apoyos especiales para aquellos estudiantes que, por la carrera que estudian y por su situación particular, requieran alguna ayuda complementaria”, un mecanismo que permite atender realidades diversas y necesidades específicas dentro del colectivo de becarios.

Durante 2025, el organismo entregó 264 computadoras -150 nuevas y 114 reacondicionadas-, además de realizar 110 encuentros presenciales y virtuales que reunieron a más de 3.300 becarios. Según el presidente del Fondo de Solidaridad, todos estos recursos integran “una batería de apoyos complementarios” pensados para atender necesidades que van más allá de lo académico.

El sistema de financiamiento del Fondo de Solidaridad tiene más de treinta años y nació como una respuesta a un debate central de los años noventa: cómo evitar el arancelamiento de la universidad pública sin desatender su financiamiento.

En 1994, a través de la Ley 16.524, se creó un mecanismo por el cual los profesionales egresados de la educación pública comienzan a aportar cuando alcanzan determinado nivel de ingresos.

La idea, impulsada entonces por el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera y el rector de la Universidad de la República, Jorge Brovetto, proponía un mecanismo innovador de “solidaridad intergeneracional”.

Este modelo fue fortalecido en 2002 con la Ley 17.451, que consolidó al Fondo como persona pública no estatal y ajustó el régimen de aportes, haciéndolo más progresivo y ordenado. Desde entonces, los egresados comienzan a aportar cinco años después de terminar la carrera -siempre que superen un ingreso mínimo- y pueden quedar exonerados si sus ingresos son bajos.

Sobre este esquema, Errandonea recordó que el mecanismo surgió justamente para evitar el cobro de aranceles universitarios. “Es un arreglo que data de 1994 (…) un aporte solidario, es positivo, es obligatorio, pero es solidario”, afirmó.

Enfatizó además que este aporte no implica un pago retroactivo por los estudios cursados, sino una contribución hacia quienes recién comienzan su formación. “El profesional no está pagando por los estudios que recibió, no está devolviendo la plata que se gastó en él, sino que está ayudando a las generaciones nuevas, a sus compatriotas que están tratando de hacer ese mismo camino”, indicó.

Para postularse, los estudiantes deben completar una declaración jurada socioeconómica que permita evaluar el ingreso per cápita del hogar. El beneficio está dirigido a: estudiantes que finalizan bachillerato; jóvenes que ya cursan carreras terciarias públicas y becarios que renuevan su apoyo.

Errandonea aclaró que los estudiantes pueden solicitar la beca incluso antes de inscribirse definitivamente: “Si el estudiante todavía está en educación media (…) se puede perfectamente inscribir, no hay ningún problema, solicitar la beca. Pero la beca se concede una vez que se efectiviza la inscripción real”.

En cuanto al rendimiento académico, explicó que se requiere un grado de avance medido en créditos aprobados. “A aquellos estudiantes que transitan carreras, el Fondo les otorga la beca mientras mantienen un 40% del grado de avance en su carrera”, señaló.

En el 2025 se entregaron 10.451 becas.

Para renovar, la persona debe cumplir nuevamente con los requisitos socioeconómicos y de avance: “Si la persona quiere mantener la beca, tiene que solicitar la renovación”, subrayó. Si no lo hace, la beca cae automáticamente por ser anual.

El Fondo de Solidaridad es hoy la institución que más becas económicas otorga para la educación superior en Uruguay y su impacto está ampliamente documentado. Desde su creación, concedieron 185.463 becas, una cifra que revela la magnitud del programa y su alcance sostenido en el tiempo.

Su impacto en la trayectoria educativa es contundente, uno de cada cuatro egresados de la Udelar contó en algún momento con este apoyo. En la UTEC, el beneficio alcanzó al 27% de los egresados, mientras que en UTU llegó al 17%, cifras que confirman el papel del Fondo como un actor clave en la democratización del acceso a la educación terciaria en Uruguay.

La incidencia del programa también se refleja en un dato clave: el 85% de los becarios son la primera generación de su familia en acceder a estudios terciarios. Este indicador confirma que la beca opera como una herramienta decisiva para reducir desigualdades estructurales y abrir oportunidades educativas allí donde históricamente no existían.

Sobre este rol, Errandonea explicó que el Fondo “reúne, cobra, administra ese dinero y luego lo distribuye haciendo la evaluación correspondiente del grado de necesidad”, en referencia al sistema de aportes de profesionales que financia las becas.Con un sistema de financiamiento estable, una demanda creciente y un conjunto de apoyos complementarios que fortalecen la permanencia estudiantil, el Fondo de Solidaridad se proyecta hacia un 2026 en el que prevé otorgar más de 11.000 becas.

Ese crecimiento, sostiene Errandonea, no altera la misión esencial del programa, que desde hace tres décadas se ha mantenido intacta: “Ayudar a otros futuros colegas, a otros uruguayos jóvenes a hacer ese tránsito”.

El impacto del Fondo se percibe no solo en las cifras de becarios, sino también en los miles de trayectos educativos que logra sostener año tras año. Para muchos jóvenes, especialmente aquellos que son la primera generación de sus familias en acceder a estudios terciarios, el apoyo económico y el acompañamiento académico representan la posibilidad real de ingresar, permanecer y culminar una carrera universitaria o técnica. A esto se suma la estructura solidaria que lo hace posible, la contribución de profesionales formados en la educación pública que, una vez insertos en el mercado laboral, colaboran para que nuevas generaciones puedan recorrer el mismo camino.

En ese gesto, se encuentra la base de un modelo que combina responsabilidad social, sostenibilidad y un compromiso histórico con la educación pública.