21 DE JUNIO

EL PAIS

“Se observó que en los departamentos fronterizos con Brasil, había mayores dificultades para un abordaje integral de la situación, dado que dichas situaciones sucedían en el marco de salidas no acordadas, en territorio tanto uruguayo como brasilero. La carencia de cooperación y los marcos normativos divergentes generaban escenarios favorables para dicha práctica”, añadió la Inddhh.

“Se verificó que el INAU en la región, no contaba con recursos para generar medidas de protección y no repetición, incluso en aquellas situaciones en las que el motivo de ingreso al sistema de protección era por situaciones de consumo y vinculación a redes de microtráfico”, puntualizó el informe estatal.

Por otro lado, la Inddhh marcó que “en dos departamentos de frontera, el 100% de los centros relevados habían tenido ingresos de niñas, niños o adolescentes que habían sufrido explotación sexual y/o habían sido captados/as por redes de explotación o microtráfico”.

“Pese a que las cifras son significativas y las situaciones representan un riesgo a la integridad de las niñas, niños y adolescentes, en algunos casos incluso riesgo de vida, el abordaje era ineficiente e inoportuno para dar las debidas garantías de protección”, añadió el reporte.

Para dimensionar la situación, “uno de los centros de la región tuvo entre 2022 y 2024 dentro de su población 14 situaciones de presunta explotación sexual, lo que representaba más de la mitad de la población que residía en el centro”.

“Se verificaron situaciones de abuso sexual grave y violencia sexual grave, en el cual se constataron omisiones del sistema de salud, judicial y de INAU cada uno desde su especificidad, así como ineficientes mecanismos para la prevención, reparación y no repetición”, añadió.

“La exposición a situaciones de presunta explotación sexual, así como también el vínculo con redes de microtráfico por parte de adolescentes del sistema de protección especial, sucedieron durante salidas no acordadas frecuentes de los establecimientos de protección”, aclaró.

En el monitoreo de la región norte, “se constató que las situaciones de exposición y captaciones a redes de explotación sexual y narcotráfico, sucedían de forma reiterada e involucraba a distintos/as adolescentes que se encontraban en atención y cuidado del sistema de protección».

El MNP remarcó, además, que “los procedimientos y articulaciones desarrollados por el Estado, no logran en muchas situaciones efectivizar medidas de protección ante la exposición y captación por parte de redes de explotación sexual y narcotráfico”.

Piden intervenir centro adolescente femenino de Rivera

El Inddhh relevó en otro informe, también elaborado por el MNP, que en el centro adolescente femenino de Rivera, hay “graves omisiones y negligencias en el cuidado del Estado a las niñas y adolescentes”, así como un “patrón de violencia y desprotección institucional”.

Por ello, el MNP pidió que “de forma inmediata y preventiva” se “intervenga” el centro con “un equipo especializado externo” para que no se repitan las situaciones de vulneración. Así como también hacer una Auditoría Interna de Derechos “en un plazo no mayor a un mes” y enviar al MNP los resultados.

En el monitoreo, hecho el 11 de julio y el 6 de noviembre de 2024, se verificó “un patrón de salidas no acordadas que se realizaban de forma reiterada y prolongada, que exponía a las adolescentes y niñas a situaciones de alto riesgo (explotación sexual, consumo problemático de drogas, captación por parte de redes de trata y/o narcotráfico, entre otras)”.

E incluso se constató que las niñas y adolescentes están “en riesgo real e inminente, expuestas a situaciones de violencia sexual grave, explotación sexual, consumo problemático y embarazo infantil”.

“Si bien, el equipo técnico del centro adolescente femenino de Rivera había identificado indicadores de exposición a situaciones de explotación sexual, en catorce niñas y adolescentes que residían en el centro, las acciones desplegadas no parecían estar orientadas a la prevención, protección y no repetición de esta grave vulneración de derechos”, añadió. www.elpais.com.uy