15 DE DICIEMBRE

LA REPUBLICA

La Asociación Cantineros Unidos del Uruguay compareció ante la Comisión de Salud Pública del Senado para advertir sobre una situación que, aseguran, se volvió insostenible con el cierre de decenas de cantinas en liceos públicos como consecuencia de la aplicación estricta de la normativa sobre alimentación saludable. «Ley de Promoción de la Alimentación Saludable en los Centros de Enseñanza», es la normativa principal que regula la oferta de alimentos en escuelas y liceos, tanto públicos como privados. La ley prohíbe la venta, publicidad, promoción o patrocinio de alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado oficial, generalmente aquellos altos en grasas, azúcares, sodio o ultraprocesados, como snacks, gaseosas, alfajores, etc.

En representación del colectivo asistieron Francisca Fernández, Silvia López, Susana Vásquez, Lilian Núñez y Alejandra Martínez, quienes coincidieron en que no cuestionan el espíritu de la ley, pero sí su implementación, que según afirmaron no estaría cumpliendo con los objetivos sanitarios y, al mismo tiempo, está provocando la pérdida de fuentes laborales.

Alejandra Martínez, una de las voceras de la asociación, dijo ante los legisladores “entendemos que la ley es muy valiosa, pero por su aplicación no se están cumpliendo todos los objetivos. Han cerrado entre 40 y 50 cantinas en todo el país. Esto significa que hay 50 familias más los empleados”.

Martínez explicó que muchos liceos son de “puertas abiertas”, lo que permite que los estudiantes salgan en los recreos y compren alimentos en quioscos o locales cercanos, sin ningún tipo de control sanitario.

“No nos dejan vender un alfajor», pero explicó que los alumnos entran al liceo con productos de cadenas de comida rápida o que compran los quioskos de la zona.

El impacto laboral fue uno de los ejes más reiterados durante la comparecencia. Lilian Núñez relató que este año se vio obligada a cerrar su cantina. “Tengo 57 años y hoy no tengo a dónde ir a trabajar. Para esta sociedad ya soy vieja. Muchos compañeros están en la misma situación” sostuvo.

Núñez subrayó que, además de vender alimentos, las cantinas cumplen un rol social dentro de los centros educativos, ya que se apoya con alimentos a estudiantes de bajos recursos.

Alquileres y controles

Desde Maldonado, Francisca Fernández describió una realidad que se repite en varios departamentos. Relató «en octubre me visitaron del Ministerio de Salud Pública; si bien no me notificaron personalmente, llegó una nota al liceo y por eso me prohibieron toda la venta». Agregó «estoy en un liceo de puertas abiertas, con una confitería enfrente y quioscos alrededor. Por lo tanto, no llegué a pagar el alquiler; el 10 solo pude pagar el 50% y me cobraron un 10% de mora, cuando en cuarenta años nunca me había atrasado. Las autoridades de enseñanza secundaria nos escucharon, pero tampoco bajaron los alquileres». el costo del alquiler es de 52 mil pesos por mes.

Fernández afirmó que, lejos de mejorar la alimentación, la situación actual empuja a los estudiantes a consumir fuera del liceo. “Nos piden papas fritas y como no las podemos vender, las compran igual en el quiosco” dijo y acotó “somos de los más controlados, pero los más restringidos”. Silvia López, cantinera del liceo Nº 4 de Maldonado, detalló el nivel de fiscalización al que están sometidos. sosteniendo “tenemos comisión de cantina, informes anuales, controles de BPS, DGI, Banco de Seguros, higiene y manipulación de alimentos. Si algo falla, no nos renuevan el contrato”

La trabajadora cuestionó que productos permitidos en supermercados y quioscos estén prohibidos en los centros educativos y se preguntó «¿de qué sirve que no podamos vender un alfajor que el propio Ministerio de Salud Pública habilita en cualquier comercio?”.

Las representantes de las cantinas liceales advirtieron que, sin cambios rápidos, el cierre de cantinas continuará. “Necesitamos una solución para ayer, no para mañana”, resumió Núñez ante los senadores.

Desde la Comisión de Salud Pública, la presidenta Patricia Kramer reconoció la complejidad del tema y se comprometió a dar seguimiento, convocando al Ministerio de Salud Pública, la ANEP y otros organismos involucrados una vez retomada la actividad parlamentaria.