11 DE OCTUBRE

EL PAIS

Familias de estudiantes de escuelas y liceos públicos de todo el país reclaman a las autoridades ampliar la cobertura de docentes de apoyo para atender a sus hijos con trastornos, como el autismo, entre otros, en un contexto de discusión del proyecto de ley de presupuesto nacional.

En virtud de estos reclamos, sumado a su experiencia como maestra e inspectora de educación especial, la consejera electa por los docentes Daysi Iglesias, impulsa una reasignación presupuestal para reforzar la atención de estos alumnos. Los docentes, enfatizó la jerarca a El País, hoy están “desbordados” y se “precisan manos” para la inclusión de estos jóvenes, que son miles en todo el territorio.

El pedido, que espera se apruebe por estos días en Diputados, es la creación de 40 cargos en Primaria -20 de maestros de apoyo para las escuelas comunes y la misma cantidad de maestros itinerantes en escuelas especiales- y de 300 horas en Secundaria, por una inversión anual de $ 71.800.000, o US$ 1.7 millones. El presupuesto anual de ANEP ronda hoy los US$ 2.400 millones.

Iglesias puntualizó que esta solicitud surge después de que el proyecto del Poder Ejecutivo no pidió “ningún cargo” para la inclusión educativa, mientras que ANEP solicitó 12 cargos de maestros, y horas en Secundaria para sordos y niños con problemas visuales, que “no son el problema central que existe hoy” en Primaria, Secundaria y UTU, aseguró.

“Lo que llamamos inclusión, que es la atención en las aulas comunes de estudiantes en situación de discapacidad intelectual, con trastornos del espectro autista (TEA), del espectro psicótico o socioemocionales, es el tema que está sacudiendo hoy el trabajo de maestros y profesores. Están desbordados, a veces no saben qué hacer, y además las manos son pocas”, dijo Iglesias a El País el viernes pasado, tras una actividad que organizó en el hall de la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

“Acá habló una directora de escuela que tiene casi el 50 % de los grupos con alumnos incluidos, o que requieren atención especial porque tienen una discapacidad. Pero también habló una maestra de educación inicial que tenía un grupo de 17 niños, con siete incluidos. Yo narré una situación donde una chica en un liceo quitó la gilette del sacapunta, se cortó el brazo y tuvo que venir la emergencia”, destacó la consejera.

“Acortar la brecha”

María es la madre de Agustín, un niño de 11 años que tiene TEA severo no verbal, que asiste cuatro horas por día a la escuela especial 231, la única que atiende este trastorno en Montevideo. “Lo que se ve en las escuelas comunes y en la especial es que no hay los recursos humanos y materiales necesarios para atender esta población”, destacó a El País. “Hay docentes que no tienen la formación necesaria para trabajar con estos chiquilines, entonces el lugar donde deberían aprender se transforma en un lugar de cuidados”, dijo.

“El hecho de que haya un mejor presupuesto va a acortar la brecha que existe entre el que puede pagar una institución privada, donde se le brinda una educación de calidad, pensada para el niño, con recursos humanos formados y recursos materiales acordes, y que el concurre a una escuela pública donde hay una cantidad de necesidades que no están cubiertas”, añadió.

También lamentó que los alumnos no tienen una oferta especial tras superar la etapa escolar. Si bien la mayoría termina estudiando en UTU, por su formato “más pensado en talleres que a veces es lo que pueden sostener, ni siquiera allí el personal está formado como debería”, dijo, en línea con Iglesias y otros docentes especializados en inclusión educativa.

En esa línea, Andrés contó a El País que su hijo Felipe de 22 años, con TEA, está por terminar el bachillerato en UTU de Las Piedras. “Se le han hecho las adecuaciones curriculares porque la carrera que eligió tiene la ventaja que son pocos alumnos entonces lo han podido acompañar”.

Sin embargo, “no fue esa la experiencia en Primaria, donde eran muchos en la clase, en una escuela común, donde nunca tuvo el acompañamiento que requería porque era un maestro con 35 alumnos”, agregó.

Por su parte, Isabel es madre de tres hijos: un joven con TEA, que estudia en la facultad, un niño con parálisis cerebral y una niña con hipertensión pulmonar y trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). “Mis hijos más chicos asisten a escuela común, no van a escuela especial, y el docente se ve ilimitado ya que no cuenta con los recursos”, destacó.

También advirtió por la superpoblación en las clases de sus hijos: 33 alumnos en un grupo y 28 en otro, por encima del umbral aceptable de 25. “Pero, a su vez, hay 10 niños más en la clase con algún tipo de discapacidad, que requieren también la atención del docente, y que no cuentan, como mis hijos, con un asistente personal”, agregó la madre.

Otro aspecto que surge es la falta de infraestructura acorde para atender los casos de discapacidad en los centros educativos. “Mi hijo va a la escuela común, pero utiliza un baño de docentes porque si bien la escuela tiene rampa, no tiene baños accesibles”, agregó.

Por otro lado, Marina, directora de una escuela de tiempo completo, destacó a El País que en este tipo de centros, con grupos sobrepoblados debido la alta demanda, “no hay maestros de apoyo” para atender a los alumnos con trastornos.

“Hay grupos con seis, ocho, o como me pasó el año pasado, con 15 o 16 inclusiones, de todos los tipos de dificultades o espectros. No pedimos exclusión, pero necesitamos atención porque un solo maestro con 30 niños, y con diferentes discapacidades, ¿cómo los atiende?”, remarcó.

La directora, que hace más de tres décadas está vinculada con la docencia, indicó que la consecuencia de la falta de atención a estos casos son los “desbordes”. “¿Cuál es nuestro miedo? Primero que se lastime el niño que se descontrola, después a sus pares, que los quieren y protegen, y que cuando logramos contenerlo estamos descuidando al resto”, agregó.

Planteo político y pedido de firmas

“El tema de la inclusión hoy es brutal, tanto en las aulas de Primaria, como de Secundaria y UTU. Las situaciones son muy difíciles; los docentes están desbordados por muchas de estas situaciones”, dijo Iglesias el 25 de setiembre, en la comisión de Diputados que trata el presupuesto. “Necesitamos dos cosas: personas y formación”, agregó.

La consejera planteó durante la actividad del viernes pasado llegar a 2.000 firmas para este lunes, que se ampliaron a unas 3.700 a este jueves, constató El País. Para la junta de firmas, se activó una solicitud mediante la plataforma Change.org.

Además de esta recolección de firmas, activó una campaña en redes sociales para que diferentes personas «digan, ‘apoyo el pedido de cargos y horas para la inclusión en la ANEP’”, dijo Iglesias en la actividad citada.

La consejera agregó que habló de este pedido con la vicepresidenta Carolina Cosse, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, con los senadores colorados Robert Silva y Pedro Bordaberry, el diputado blanco Pablo Abdala, y entre otros, con representantes de Identidad Soberana. www.elpais.com.uy