Sindicato de maestros de Montevideo manifestó que “el narcotráfico se está expandiendo y calando” en el estudiantado

9 DE JULIO

LA  DIARIA

Recientemente, la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) emitió un comunicado para manifestar su “preocupación por las situaciones de violencia que se viven en los entornos de nuestras escuelas en particular y de los centros educativos en general”.

De acuerdo con el sindicato, lo que “sucede en los barrios impacta en nuestra cotidianidad y en cómo la comunidad educativa pueda o no sostener el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes”. Por esa razón, señalaron que “las autoridades de la educación no han realizado declaraciones felices al referirse a las escuelas y centros de educación media como ajenas a las realidades de los barrios”.

Justamente, sobre las autoridades del actual gobierno y, sobre todo, las de educación, recordaron que han hablado sobre estos hechos como “‘externos, porque suceden ‘fuera’, legitimando discursos de fragmentación social de los que no queremos ser cómplices”.

En ese contexto, Ademu Montevideo se preguntó: “¿Qué está haciendo el Estado para cuidar a nuestras niñeces y juventudes? ¿Cuáles son las intervenciones interdisciplinarias y las políticas interinstitucionales que se van a desplegar en el corto plazo para que podamos ir con tranquilidad a nuestros espacios de trabajo y de aprendizaje?”.

Además, aseguraron que “el narcotráfico se está expandiendo y calando en la existencia diaria de nuestros estudiantes, instalando lógicas nocivas de desprecio por la vida del otro: narcomenudeo, trabajos ilegales y precarios, adicciones”. Para el sindicato, “esta situación no merece ser obviada y requiere de voluntades políticas y de un compromiso humano profundo para que nuestras chiquilinas, chiquilines y sus familias crezcan plenamente”.

En diálogo con la diaria, Alfonso Larraya, secretario general de Ademu Montevideo, señaló que todas estas situaciones “son siempre en los contextos escolares, pero nunca tienen que ver con las acciones o desempeños de la escuela, ni se dan dentro del centro educativo”.

En concreto, esbozó que a partir del narcotráfico y el microtráfico se generan situaciones en “muchas zonas, que desembocan en episodios de violencia en la puerta de la escuela, en el barrio o a una cuadra, pero que impactan en la asistencia de los chiquilines”. Manifestó que luego de episodios “de ese tamaño”, “el clima” de la escuela “no es el mismo”, y aunque los hechos sucedan en la madrugada “repercuten en la comunidad”. “Lo que reclamamos es que las condiciones de seguridad estén para todos, todas las horas”, sentenció.

“Cuando pasan estas cuestiones de violencia hay una burocratización. Todo el mundo quiere que haya clases, pero si tienen una balacera en la puerta, vos perdés clase, y esto no cae en ningún registro”, planteó, y agregó: “Tiene que haber un control del Estado para una seguridad mínima, para que [los niños y niñas] puedan ir sin miedo, entrar y retirarse, y que cumplan con la asistencia que corresponda”, manifestó.

Trabajo conjunto

Desde 2022 hasta ahora, Larraya comentó que han tenido dos entrevistas por este tema con el Ministerio del Interior y que continúan teniendo contacto directo. Sin embargo, aseguró que han intentado dialogar con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero nunca fueron recibidos. Explicó que a esta cartera puntualmente les interesa poder transmitirle que “ha habido un enorme crecimiento de las personas en situación de reclusión, que son padres, tíos, abuelos, etcétera, de los alumnos, y eso es un impacto enorme en los chiquilines, si era la persona que los contenía o los llevaba a la escuela”. “¿Qué hacemos con esos chiquilines cuando no tienen un referente y terminan viviendo con vecinos y demás?”, se preguntó.

Es necesario, dijo, “que el Mides tome las acciones necesarias para que estas infancias por lo menos no sigan perdiendo más clase, porque, si no, hablan de la brecha educativa, la Transformación Educativa, pero en las acciones concretas y en la realidad, para que los chiquilines vayan a la escuela, que es lo mínimo, no están dadas las condiciones; cuando uno se fija en los contextos más vulnerables, esto se amplía dos o tres veces”.

A su vez, señaló que “otro tema en debate son las acciones del Ministerio de Salud Pública desplegadas en el territorio”. Es que, de acuerdo con Larraya, en “toda la zona oeste” de Montevideo, como en Colón, Santa Catalina, Cerro, Santiago Vázquez, entre otros barrios, “hay sólo dos policlínicas con dos equipos de psiquiatría”. Por eso, “las familias terminan yendo al hospital Pereira Rossell, y en ese caso tenés que contar el transporte y que ese día el niño o niña pierde la clase”, completó.

Por otro lado, manifestó que otra de las preocupaciones del sindicato es que en las instancias bipartitas con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), ante el planteo sindical de las mencionadas situaciones de violencia, las autoridades “nos preguntan qué tenemos que hacer”. Al respecto, señaló que desde el sindicato pueden “describir, pero tienen que intervenir más actores, y la responsabilidad de administrar las políticas públicas es de las autoridades”.

Escuelas disfrutables

La implementación de equipos multidisciplinarios cuando suceden hechos de violencia en los entornos escolares suele ser la medida más comúnmente implementada por la DGEIP. Si bien Larraya contó que “son fundamentales y cada día más, también para situaciones estructurales de desarraigo, familias que no pueden llevar adelante proceso educativos de chiquilines, cuidados y demás”, planteó que “hay dos problemas” con estos equipos.

El primero que identificó es que los cargos que se ofrecen para conformar los equipos tienen los sueldos más bajos debido a la cantidad de horas que les corresponden. “Como las condiciones para elegirlos son bajas, tenemos equipos que están financiados, pero las personas renuncian y no podés conseguir quién las supla”, dijo. Para Larraya, se trata de “un problema de presupuestación y de mirada a largo plazo”.

Con relación a esto, planteó que en Montevideo hay 370 centros educativos, pero sólo siete u ocho equipos “completamente establecidos”. “No es necesario uno por escuela, pero con este contexto lo que hacen los compañeros es una tarea de llegar y hacer de bombero, no tienen la posibilidad de seguir los casos, generar un vínculo con la familia, tener una parte más pedagógica, que es fundamental”, concluyó.