29 DE NOVIEMBRE
LA DERECHA DIARIO
El viernes 28 de noviembre de 2025, el diario La República publicó un artículo que sugería un presunto encubrimiento de acoso sexual en el Colegio Jesús María de Carrasco, con la supuesta complicidad del Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla.
La nota, firmada por el medio sin atribución pública a un periodista específico, se sustenta casi exclusivamente en el testimonio de un único padre –protegido bajo anonimato– que afirma haber participado en una reunión con el cardenal y un grupo de familias en la que Sturla habría pedido que el caso “no saliera a la luz”.
Posteriormente, el periodista Diego González replicó y amplificó esta información en sus canales personales y redes sociales, contribuyendo a su rápida difusión y al impacto sensacionalista que generó en la opinión pública.
Fuentes de la comunidad educativa del Jesús María, padres actuales y exalumnos consultados por este medio coinciden en señalar que el relato publicado está plagado de inconsistencias cronológicas, factuales y lógicas que comprometen gravemente su verosimilitud.
Principales cuestionamientos al artículo
Falta absoluta de corroboración independiente
No se presenta ningún documento, acta, mensaje, correo electrónico ni testimonio adicional que acredite la existencia de dicha reunión con el cardenal ni el contenido que allí se habría tratado. Tampoco se aportan copias de las “varias denuncias” por acoso que la nota menciona. Según los registros públicos de la ANEP, solo existe una única denuncia relacionada con el colegio en los últimos años, presentada precisamente por la misma persona que ahora actúa como fuente principal.
Incoherencias temporales y narrativas
El denunciante entremezcla sin lógica dos episodios completamente distintos y separados en el tiempo:
– Un supuesto caso reciente de acoso sexual a funcionarias por parte de un directivo.
– Una discusión ya resuelta en 2022 sobre la continuidad pedagógica de un alumno con síndrome de Down según las capacidades del centro.
No existe explicación razonable alguna sobre por qué un padre elevaría al cardenal, más de tres años después, una cuestión cerrada y sin ninguna vinculación con el presunto acoso.
Cifras sin respaldo
El artículo afirma que el colegio pierde “aproximadamente 20 alumnos por año por problemas de bullying”. Docentes, familias y exalumnos que conocen de cerca la realidad institucional consideran esa cifra notoriamente inflada y carente de cualquier registro oficial o interno.
El verdadero trasfondo del conflicto
Miembros de la comunidad educativa del Jesús María señalan que el padre que sirve como fuente principal mantiene desde hace años un conflicto judicial con el colegio por el reiterado incumplimiento de resoluciones de tenencia y régimen de visitas de su hijo.
Varias personas que prefieren el anonimato por temor a represalias describen al denunciante como un individuo con serios problemas de salud mental y un historial de comportamientos conflictivos que han requerido intervención policial y judicial en repetidas ocasiones.
En este contexto, la irrupción pública de acusaciones tan graves –sin pruebas y sustentadas en rumores– es interpretada por decenas de familias como un intento deliberado de dañar la reputación de la institución aprovechando la sensibilidad social actual hacia los casos de abuso.
La responsabilidad periodística en juego
Publicar denuncias de esta gravedad –que involucran a menores, a una comunidad educativa y a la máxima autoridad de la Iglesia en Uruguay– exige un estándar de verificación extraordinariamente riguroso.
Basar la nota en una única fuente anónima con claros intereses personales, sin contrastar mínimamente su relato ni solicitar la versión de las partes señaladas, constituye una violación manifiesta de los principios básicos del periodismo.
La posterior replicación por parte de Diego González, sin aparente verificación adicional, solo agravó el daño al viralizar una versión no contrastada.
El daño ya está hecho: se ha difamado a una institución reconocida por su excelencia académica y su trabajo en valores, se ha puesto en duda la honorabilidad del Cardenal Daniel Sturla y, lo más grave, se ha banalizado el sufrimiento real de las mujeres víctimas de acoso sexual al equiparar sus casos con una denuncia que, a la luz de los hechos conocidos, carece por completo de sustento.
La comunidad del Colegio Jesús María –familias, docentes, exalumnos y religiosas– merece una rectificación pública inmediata y que los responsables de la difusión de esta versión reconozcan la ligereza con que actuaron.
La verdad, en este caso, no parece estar del lado de quienes priorizaron el impacto sensacionalista por encima de la verificación elemental de los hechos.
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